Diputados dio media sanción a una ley para regularizar los barrios populares de San Luis
La iniciativa presentada por el Gobierno provincial adhiere a una norma nacional que establece un programa para formalizar la titularidad de las tierras. Además crea un observatorio que recolecta información sobre las condiciones de las villas y asentamientos para la planificación de políticas.
Un proyecto de ley que busca regularizar los barrios populares existentes en la provincia recibió media sanción por parte de la Cámara de Diputados.
La iniciativa presentada por el Gobierno provincial, adhiere a la Ley nacional N° 27.453 (y sus modificaciones) “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana” y crea el Observatorio de Barrios Populares. Declara de interés público al Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) y otorga un marco normativo para llevar adelante políticas de infraestructura y asistencia a estos vecindarios. La norma fue impulsada durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Una de sus metas es facilitar a estas familias a que accedan a las tierras que hoy ocupan y así obtener el título de propiedad que regularice su situación.
La ley hace hincapié en la “integración socio urbana” como concepto madre y la ubica como el conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental.
También apunta al fortalecimiento de las “actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”.
En la actualidad, el Renaper tiene contabilizados 32 barrios populares en San Luis donde viven 4442 familias y en total cubren 404,9 hectáreas. Allí la falta de servicios esenciales es cosa de todos los días.
El proyecto llegó al debate con un dictamen por mayoría por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales que fue fundamentado por el diputado por el Carlos “Charly” Pereira (Cambia San Luis-UCR).
“Le ha tocado al turno del Gobierno poner en agenda esta adhesión auspiciosa. Nos va permitir tener muy presente la inclusión urbana como política de Estado. Es identificar a las personas que viven en barriadas populares, lo que permite al poder político y público trazar políticas o programas y llegar con los servicios”, sostuvo.
Explicó que movimientos sociales realizaron en 2017 un primer relevamiento y que en los últimos años hubo un crecimiento de los barrios populares en la provincia.
Y resaltó otro aspecto importante de la norma: “Permitirá llevar adelante a la Provincia la declaración de utilidad pública y someter a expropiación a la totalidad de los bienes inmuebles en los cuales se asientan los barrios”.
El detalle que se presenta es que casi todas las familias de los asentamientos o villas no cuentan con título de propiedad. La adhesión permite generar la regularización en este sentido.
“Es muy importante esto. Y todo esto va articulando con la seguridad jurídica y el derecho a la vivienda toda vez que el Poder Ejecutivo lleva adelante la escrituración de viviendas”, dijo Pereira.
En tanto que la presidenta del interbloque Cambia San Luis- UCR, Eugenia Gallardo recordó que en junio de 2023 durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá se paralizaron los aportes para las obras de urbanización del barrio República.
Mencionó que durante este año se gestionó la obra ante la Nación y que en la “actualidad se está continuando”. “Estamos llevando tranquilidad a quienes son habitantes de estos barrios que están dentro del Renabap. Hay una manifiesta voluntad de trabajar”, señaló.
Por su parte, la oposición acompañó con el voto pero hizo reparos acerca de la viabilidad del proyecto. Por ejemplo, la diputada de Unión por San Luis, Gloria Petrino preguntó sobre cómo se iban a financiar las obras si el Gobierno nacional no envías los fondos.
“El Gobierno provincial debe exigirle a la Nación que prevea los recursos”, indicó.
El Observatorio de Barrios Populares funcionará bajo la órbita de la dirección de Barrios Populares dependiente del ministerio de Desarrollo Humano y, entre sus tareas, tendrá diseñar encuestas sobre la situación demográfica, socioeconómica y dominial.
Podrá celebrar convenios con el Estado nacional, provincial o municipal, y organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de realizar capacitaciones y/o relevamientos territoriales.
También tiene habilitado vincularse con las autoridades nacionales de aplicación de la Ley N” 27.453, para intercambiar información y datos respecto a los barrios populares ubicados en San Luis.
Además, una de las tareas más importantes que tendrá será recabar información y elaborar reportes estadísticos periódicos que sean útiles como diagnóstico “para la planificación e implementación de políticas de integración socio-urbano, contención social y desarrollo humano”.
Con el fin de alentar la transparencia presentará un informe en la Cámara Baja en el inicio de cada periodo ordinario de sesiones las conclusiones, relevamientos, diagnósticos, encuestas, entre otros.
Por último, podrá proponer e intervenir en el diseño y ejecución de políticas públicas tendientes a la regularización dominial de estos vecindarios.
Finalmente la votación fue por unanimidad y el proyecto pasó a la Cámara de Senadores.
“Es importante la adhesión porque pone a la integración socio urbana los barrios populares como una política de estado. Esta Ley busca reducir las desigualdades habitacionales, brindar seguridad jurídica y mejores oportunidades a aquellos vecinos de estos barrios” explicó el director de Barrios Populares del Ministerio de Desarrollo Humano, Joaquín Mansilla que siguió la sesión desde un palco.
“Contar con el Observatorio de Barrios Populares es una herramienta fundamental para la planificación e implementación de programas de contención y desarrollo humano. Es poder tener información precisa para la elaboración de políticas públicas que resuelvan las problemáticas y desigualdades existentes en estos lugares”, consideró el funcionario.
Segun un relevamiento realizado por la Dirección, en los 13 barrios populares ubicados en el éjido urbano de la ciudad de San Luis, se determinó que el 91,7% de las familias carecen de al menos dos de los siguientes servicios: electricidad, agua de red, gas natural y cloacas. Respecto a la infraestructura de las viviendas, un 17,6% de las familias no tiene baño.